martes, 29 de enero de 2008
viernes, 25 de enero de 2008
Los menores juzgados tardan hasta seis meses en cumplir su condena por la falta de centros
Alicante
Los menores juzgados tardan hasta seis meses en cumplir su condena por la falta de centros
La escasez de técnicos impide elaborar el 70% de los informes solicitados por los fiscales
P. HUGUET VALENCIA
El internamiento de menores en centros de reeducación se retrasa al menos entre tres y seis meses desde que el juez dicta sentencia. Esta "lista de espera" se debe a la falta de plazas o de nuevas instalaciones.
Los retrasos para el cumplimiento de las condenas también se reproducen en los casos en que los menores no deben ser internados. También faltan educadores, trabajadores sociales y otros técnicos para que se ejecuten las llamadas "medidas judiciales en medio abierto" como pueden ser la libertad vigilada o la obligación de acudir a un Centro de Día o a una unidad de desintoxicación.
Así lo expuso ayer la fiscal de Menores de Valencia Gema García, durante su intervención en las jornadas Ley y Menores organizadas por la fundación Arzobispo Miguel Roca Proyecto Hombre-Valencia.
La fiscal matizó, no obstante, que la escasez de plazas sólo afecta a las sentencias sin que anteriormente se hubiera producido internamiento cautelar. Es decir, en los casos urgentes (por determinados delitos más graves, por reincidencia o por riesgo de fuga) siempre se interna al adolescente que ha delinquido.
La versión de la Conselleria de Justicia es radicalmente opuesta. "Actualmente no existe ningún problema de plazas y no hay pendiente ninguna sentencia para el internamiento de un menor en ninguna de las tres provincias", aseguraron fuentes de este departamento.
Desde la Generalitat, sin embargo, sí admitieron que existen 40 menores en Valencia y 60 en Alicante que tienen pendiente cumplir una condena, pero en medio abierto: es decir, sin que se ordenara ningún tipo de internamiento.
Fuentes de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas reiteraron que en los últimos meses no se les ha notificado ninguna incidencia por la falta de plazas en centros de acogida.
En cualquier caso, el conseller Fernando de Rosa tiene previsto reunirse próximamente con jueces y fiscales de menores para analizar los problemas que puedan existir y buscar soluciones.
A las jornadas de ayer asistieron decenas de técnicos y profesionales del sector de la drogadicción y de la reforma de menores. "Faltan centros", confirmaban los asistentes.
Nuevo centro en 2008
De hecho, la Generalitat tiene previsto que a finales de este año ya esté en funcionamiento un nuevo centro de reeducación, el Rei Jaume I, que se ubicará junto a la cárcel de Picassent.
La construcción de estas instalaciones estaba pendiente desde hace siete años, desde la entrada en vigor de la Ley del Menor en el año 2001.La Comunitat Valenciana cuenta con 329 plazas de reeducación de menores repartidas en los centros de Burjassot-Godella (Colonia San Vicente, Mariano Ribera y Pi i Margall), de Alicante (Els Reiets y la Vila) y Castellón (Pi Gros).
martes, 22 de enero de 2008
HABILITACIONES
ANEXO II
LEYES DE COLEGIOS PROFESONALES DE EDUCADORES SOCIALES
En la actualidad existen en el Estado 10 Colegios Profesionales
LEYES DE COLEGIOS PROFESONALES DE EDUCADORES SOCIALES
En la actualidad existen en el Estado 10 Colegios Profesionales
Galicia,
Baleares,
Castilla y León,
Valencia,
Andalucía,
Murcia,
Castilla la Mancha,
Euskadi
Aragón
En preparación:
Extremadura, Madrid y Navarra
lunes, 21 de enero de 2008
FORMACIÓN
FORMACIÓN
En esta sección podrá encontrar convocatorias relacionadas con los ámbitos de actuación de la Educación Social.
- Recuerde que dispone de direcciones web que incluyen convocatorias en la categoría convocatorias de nuestro buscador.
- Si desea consultar Boletines Oficiales pulse aquí.
- Si está interesado en introducir una convocatoria contáctenos.
Conferencias, Cursos y Seminarios
Jornadas y Congresos
Enlaces a formación en colegios profesionales:
Andalucía: COPESA
Aragón: CEESARAGON
Baleares: CEEISB
Cataluña: CEESC
Comunidad Valenciana: COEESCV
Galicia: CEESG
Castilla la Mancha: CESCLM
Pais Vasco: CEESPV
- Si desea consultar Boletines Oficiales pulse aquí.
- Si está interesado en introducir una convocatoria contáctenos.
Conferencias, Cursos y Seminarios
Jornadas y Congresos
Enlaces a formación en colegios profesionales:
Andalucía: COPESA
Aragón: CEESARAGON
Baleares: CEEISB
Cataluña: CEESC
Comunidad Valenciana: COEESCV
Galicia: CEESG
Castilla la Mancha: CESCLM
Pais Vasco: CEESPV
Editado por EDUSO
viernes, 18 de enero de 2008
LUCES Y SOMBRAS DEL I CONVENIO COLECTIVO ESTATAL DE INTERVENCIÓN SOCIAL
Entrevista en el portal SolucionesONG con Raquel Vázquez, directora de Recursos Humanos de Red Araña, sobre este polémico convenio, suscrito por sindicatos e impugnado por varias patronales del sector.
Gema Jiménez / SolucionesONG.org
Debido al gran número de consultas que diferentes ONG nos han hecho llegar sobre el I Convenio Colectivo de Acción e Intervención Social Estatal, hemos hablado con Raquel Vázquez, directora de RRHH de Red Araña, entidad que forma parte de una de las patronales que ha impugnado el convenio, para que nos cuente cuál es la situación actual del mismo y las razones de dicha impugnación.
El 19 de junio de 2007, se publicó en el Boletín Oficial del Estado el I Convenio Colectivo Marco Estatal de Acción e Intervención Social, suscrito por los sindicatos FSP-UGT y FSAP-CC.OO en representación de los trabajadores y la Asociación de empresas de Servicios de Atención a la Persona (AESAP) en representación de las entidades del sector.
¿Por qué se ha impugnado el convenio?
Todos y todas sabemos lo heterogéneo que es nuestro sector, y por tanto hay diversidad de opiniones y reacciones, unas a favor de su aplicación y otras en contra, y por supuesto con distintas razones de por qué se está a favor y de por qué se esta en contra.
Red Araña forma parte de la patronal (Patronal es el nombre genérico que se da al empleador individual o a las asociaciones de empleadores – Fuente: Wikipedia) denominada ‘Asociación Estatal de Organizaciones de Acción e Intervención Social’, de la que también forman parte Cruz Roja, Cáritas, Aldeas Infantiles, Asociación Española contra el Cáncer, etc. Nos explican que el argumento principal por el que han impugnado el convenio es que no se sienten representadas por la patronal que ha negociado el convenio (AESAP), con la que han intentado hablar en diversas ocasiones sin haberlo conseguido aún.
El 11 de diciembre iba a tener lugar en la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, la vista donde se iba a resolver ésta y otras impugnaciones de otras patronales, pero se ha prorrogado sin fecha concreta de resolución. Ese mismo día, la Plataforma ECO (plataforma de trabajadores y trabajadoras del sector de la Intervención Social de la Comunidad de Madrid) convocó una huelga en el sector para defender el convenio.
¿Es obligatorio acogerse al Convenio?
Tanto Raquel Vázquez como en la web de la plataforma ECO, indican que sí es obligatorio acogerse al convenio, al margen de que esté en el juzgado. Hasta que no salga una resolución que indique lo contrario, hay que aplicarlo. No obstante, cada entidad puede negociar con sus empleados la forma de llevarlo a cabo, para que sea favorable para ambas partes.
El convenio tiene vigencia desde el 1 de enero del 2007 hasta el 31 de diciembre de 2008, lo que quiere decir que a pesar de que se haya publicado en junio, se debe ajustar todo lo hecho desde el 1 de enero de 2007.
¿Qué entidades tienen que acogerse al Convenio?
Según se indica en la Resolución publicada en el B.O.E; “el presente convenio será de aplicación a todas las entidades y empresas que, independientemente de su personalidad jurídica, desarrollen programas y acciones de Acción e intervención Social en España, realizando y/o gestionando profesionalmente Centros, Recursos, y Servicios de atención a personas, grupos y comunidades, con el objeto, por un lado, de detectar, prevenir, paliar o corregir situaciones de riesgo social y/o procesos de exclusión social, y por otro, de promover procesos de inclusión, reinserción, dinamización y participación social”.
“Se verán afectados por este convenio los ámbitos de la acción social, así como el socio-laboral o el socio-sanitario, pasando por lo socio-cultural y lo socio-educativo, psicosocial, asistencial, intervención socio-comunitaria y sociocultural y las áreas de diseño y evaluación de programas sociales, tal como se definen en el presente artículo.
“Cada entidad debe identificar entre las actividades que se reflejan en la Resolución si está incluida o no. No obstante, también se indica en el mismo que el convenio “compensa y absorbe cualesquiera mejoras que vinieran disfrutando los trabajadores bien a través de otros Convenios o normas de obligado cumplimiento, bien por decisiones unilaterales de las empresas. Si las condiciones económicas o, de cualquiera otra índole, que se vinieran disfrutando por los trabajadores en el momento de la entrada en vigor del presente Convenio Colectivo fueran superiores, en cómputo anual a las establecidas en el mismo, se continuarán aplicando y respetando las citadas condiciones más favorables en lo que exceda a las convencionales”.
También hay que tener en cuenta que hay provincias y regiones que tienen su propio convenio colectivo de intervención social, como Bizkaia, la Comunidad de Madrid (también está impugnado) y la Comunidad Valenciana, etc. y en otras provincias también se está negociando, según nos cuenta Raquel. No obstante, el convenio estatal marca los mínimos que los demás convenios, e incluso los convenios propios, solo pueden mejorar dichas condiciones.
¿Por qué hay descontento con el convenio?
Raquel Vázquez indica que no están descontentos con el texto del convenio en general, sino que lo que les ha molestado es que se haya negociado “a espaldas” de las ONG que conforman el tejido social español. Considera positivo que haya una normativa que regule el trabajo de las entidades, y cree que aunque al final no se aprueben las impugnaciones del convenio, el fin último es conseguir que se les tengan en cuenta para la revisión del convenio para el 2009.
Vázquez también alude que a pesar de que en el convenio tenga muchos puntos positivos, también tiene aspectos negativos que perjudican seriamente la continuidad de muchas ONG, como es el que se deba aplicar con carácter retroactivo, es decir desde el 1 de enero de 2007, ya que muchas entidades no están preparadas económicamente para hacer frente a estos ajustes salariales.
La patronal de la que forma parte Red Araña también ha intentado hablar con la Administración Pública, con la intención de solicitar por su parte una adaptación de las subvenciones concedidas y un aumento de presupuestos para que las ONG puedan hacer frente a estos pagos, pero aún no han obtenido una respuesta.
No obstante, según se indica en la Resolución, las entidades que hayan tenido pérdidas en dos últimos años contables podrán acogerse a la cláusula de descuelgue si se comunica a la Comisión Paritaria, de la misma forma que algunas entidades tienen la opción de acogerse a una “equiparación salarial gradual” según se indica en la Disposición transitoria I, si cumplen con una serie de requisitos y siempre que se comunique a la Comisión Paritaria.
Reflexión
Antes de finalizar este artículo, nos gustaría destacar desde SolucionesONG.org que a pesar de toda la incertidumbre que existe en torno al convenio, muchas entidades están agrupándose y buscando puntos comunes en una línea o en otra, algo muy positivo. También queremos destacar que es positiva la reflexión sobre la necesidad de tener una normativa que regule a numerosas entidades sociales y la aplicación de unas políticas comunes de gestión del personal laboral. Es una señal de la “mayoría de edad” del tercer sector.
Gema Jiménez / SolucionesONG.org
Debido al gran número de consultas que diferentes ONG nos han hecho llegar sobre el I Convenio Colectivo de Acción e Intervención Social Estatal, hemos hablado con Raquel Vázquez, directora de RRHH de Red Araña, entidad que forma parte de una de las patronales que ha impugnado el convenio, para que nos cuente cuál es la situación actual del mismo y las razones de dicha impugnación.
El 19 de junio de 2007, se publicó en el Boletín Oficial del Estado el I Convenio Colectivo Marco Estatal de Acción e Intervención Social, suscrito por los sindicatos FSP-UGT y FSAP-CC.OO en representación de los trabajadores y la Asociación de empresas de Servicios de Atención a la Persona (AESAP) en representación de las entidades del sector.
¿Por qué se ha impugnado el convenio?
Todos y todas sabemos lo heterogéneo que es nuestro sector, y por tanto hay diversidad de opiniones y reacciones, unas a favor de su aplicación y otras en contra, y por supuesto con distintas razones de por qué se está a favor y de por qué se esta en contra.
Red Araña forma parte de la patronal (Patronal es el nombre genérico que se da al empleador individual o a las asociaciones de empleadores – Fuente: Wikipedia) denominada ‘Asociación Estatal de Organizaciones de Acción e Intervención Social’, de la que también forman parte Cruz Roja, Cáritas, Aldeas Infantiles, Asociación Española contra el Cáncer, etc. Nos explican que el argumento principal por el que han impugnado el convenio es que no se sienten representadas por la patronal que ha negociado el convenio (AESAP), con la que han intentado hablar en diversas ocasiones sin haberlo conseguido aún.
El 11 de diciembre iba a tener lugar en la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, la vista donde se iba a resolver ésta y otras impugnaciones de otras patronales, pero se ha prorrogado sin fecha concreta de resolución. Ese mismo día, la Plataforma ECO (plataforma de trabajadores y trabajadoras del sector de la Intervención Social de la Comunidad de Madrid) convocó una huelga en el sector para defender el convenio.
¿Es obligatorio acogerse al Convenio?
Tanto Raquel Vázquez como en la web de la plataforma ECO, indican que sí es obligatorio acogerse al convenio, al margen de que esté en el juzgado. Hasta que no salga una resolución que indique lo contrario, hay que aplicarlo. No obstante, cada entidad puede negociar con sus empleados la forma de llevarlo a cabo, para que sea favorable para ambas partes.
El convenio tiene vigencia desde el 1 de enero del 2007 hasta el 31 de diciembre de 2008, lo que quiere decir que a pesar de que se haya publicado en junio, se debe ajustar todo lo hecho desde el 1 de enero de 2007.
¿Qué entidades tienen que acogerse al Convenio?
Según se indica en la Resolución publicada en el B.O.E; “el presente convenio será de aplicación a todas las entidades y empresas que, independientemente de su personalidad jurídica, desarrollen programas y acciones de Acción e intervención Social en España, realizando y/o gestionando profesionalmente Centros, Recursos, y Servicios de atención a personas, grupos y comunidades, con el objeto, por un lado, de detectar, prevenir, paliar o corregir situaciones de riesgo social y/o procesos de exclusión social, y por otro, de promover procesos de inclusión, reinserción, dinamización y participación social”.
“Se verán afectados por este convenio los ámbitos de la acción social, así como el socio-laboral o el socio-sanitario, pasando por lo socio-cultural y lo socio-educativo, psicosocial, asistencial, intervención socio-comunitaria y sociocultural y las áreas de diseño y evaluación de programas sociales, tal como se definen en el presente artículo.
“Cada entidad debe identificar entre las actividades que se reflejan en la Resolución si está incluida o no. No obstante, también se indica en el mismo que el convenio “compensa y absorbe cualesquiera mejoras que vinieran disfrutando los trabajadores bien a través de otros Convenios o normas de obligado cumplimiento, bien por decisiones unilaterales de las empresas. Si las condiciones económicas o, de cualquiera otra índole, que se vinieran disfrutando por los trabajadores en el momento de la entrada en vigor del presente Convenio Colectivo fueran superiores, en cómputo anual a las establecidas en el mismo, se continuarán aplicando y respetando las citadas condiciones más favorables en lo que exceda a las convencionales”.
También hay que tener en cuenta que hay provincias y regiones que tienen su propio convenio colectivo de intervención social, como Bizkaia, la Comunidad de Madrid (también está impugnado) y la Comunidad Valenciana, etc. y en otras provincias también se está negociando, según nos cuenta Raquel. No obstante, el convenio estatal marca los mínimos que los demás convenios, e incluso los convenios propios, solo pueden mejorar dichas condiciones.
¿Por qué hay descontento con el convenio?
Raquel Vázquez indica que no están descontentos con el texto del convenio en general, sino que lo que les ha molestado es que se haya negociado “a espaldas” de las ONG que conforman el tejido social español. Considera positivo que haya una normativa que regule el trabajo de las entidades, y cree que aunque al final no se aprueben las impugnaciones del convenio, el fin último es conseguir que se les tengan en cuenta para la revisión del convenio para el 2009.
Vázquez también alude que a pesar de que en el convenio tenga muchos puntos positivos, también tiene aspectos negativos que perjudican seriamente la continuidad de muchas ONG, como es el que se deba aplicar con carácter retroactivo, es decir desde el 1 de enero de 2007, ya que muchas entidades no están preparadas económicamente para hacer frente a estos ajustes salariales.
La patronal de la que forma parte Red Araña también ha intentado hablar con la Administración Pública, con la intención de solicitar por su parte una adaptación de las subvenciones concedidas y un aumento de presupuestos para que las ONG puedan hacer frente a estos pagos, pero aún no han obtenido una respuesta.
No obstante, según se indica en la Resolución, las entidades que hayan tenido pérdidas en dos últimos años contables podrán acogerse a la cláusula de descuelgue si se comunica a la Comisión Paritaria, de la misma forma que algunas entidades tienen la opción de acogerse a una “equiparación salarial gradual” según se indica en la Disposición transitoria I, si cumplen con una serie de requisitos y siempre que se comunique a la Comisión Paritaria.
Reflexión
Antes de finalizar este artículo, nos gustaría destacar desde SolucionesONG.org que a pesar de toda la incertidumbre que existe en torno al convenio, muchas entidades están agrupándose y buscando puntos comunes en una línea o en otra, algo muy positivo. También queremos destacar que es positiva la reflexión sobre la necesidad de tener una normativa que regule a numerosas entidades sociales y la aplicación de unas políticas comunes de gestión del personal laboral. Es una señal de la “mayoría de edad” del tercer sector.
domingo, 13 de enero de 2008
jueves, 10 de enero de 2008
PRIMERAS CONDUCTAS DELICTIVAS A PARTIR DE LOS 13 AÑOS
Los adolescentes presentan las primeras conductas delictivas a partir de los 13 años
La edad de 13 años es la etapa la que los adolescentes se inician en conductas delictivas o problemáticas sin que los padres tengan conocimiento, según el estudio Conductas antisociales y delictivas de los jóvenes en España, elaborado por el Centro de Investigación en Criminología de la Universidad de Castilla-La Mancha para el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
La edad de 13 años es la etapa la que los adolescentes se inician en conductas delictivas o problemáticas sin que los padres tengan conocimiento, según el estudio Conductas antisociales y delictivas de los jóvenes en España, elaborado por el Centro de Investigación en Criminología de la Universidad de Castilla-La Mancha para el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Los actos antisociales y delictivos más frecuentes que realizan a esa temprana edad son: dañar algo aposta, participar en una pelea, pegar un tirón a alguien para quitarle algo, robar en una tienda, consumir cerveza, vino y calimocho.
El estudio, dirigido por la profesora Cristina Rechea Alberola, se enmarca dentro del estudio que está realizando el CGPJ sobre la jurisdicción de menores y responde a una metodología criminológica, que permite conocer de forma aproximada los delitos cometidos y que nunca han sido denunciados.
Según le informe, las conductas antisociales y delictivas más comunes entre los 12 y 17 años son: bajar música por Internet (66%), consumir cerveza y vino (63%), emborracharse (41%), consumo de porros (28%) y participar en peleas (22%). Las conclusiones del estudio destacan que las conductas antisociales y delictivas aumentan con la edad y alcanzan su nivel máximo a los 17 años y las chicas tienen un patrón de conducta similar al de los chicos. Otro factor que incrementa el riesgo es vivir en un medio urbano. Por último, se destaca que ser emigrante o hijo de emigrante no incrementa el riesgo de adoptar conductas antisociales o delictivas
DELINCUENCIA JUVENIL
La Justicia condena cada día a 8 menores
Los juzgados de la Comunitat detectan que gran parte de los detenidos tiene menos de 14 años
La Comunitat es la segunda región de España con mayor número de menores condenados durante el año pasado. Cada día de 2006, los juzgados valencianos condenaron a ocho personas que aún no habían cumplido los 18 años, un menor cada tres horas. Sólo Andalucía, con más de 5.000, supera la cantidad de condenas a menores en la Comunitat.En todo el país, durante el 2006, se condenaron a 22.353 menores, de los cuales 2.904, el 13%, fueron sentenciados en juzgados valencianos, una cifra sorprendentemente superior a la que se alcanzó en Cataluña (2.864) y Madrid (2.504). El robo fue la causa más común de las infracciones cometidas, ya que el 43% de los casos sentenciados corresponden a robos, según las estadísticas judiciales de 2006 publicadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
La Justicia condena cada día a 8 menores
Los juzgados de la Comunitat detectan que gran parte de los detenidos tiene menos de 14 años
La Comunitat es la segunda región de España con mayor número de menores condenados durante el año pasado. Cada día de 2006, los juzgados valencianos condenaron a ocho personas que aún no habían cumplido los 18 años, un menor cada tres horas. Sólo Andalucía, con más de 5.000, supera la cantidad de condenas a menores en la Comunitat.En todo el país, durante el 2006, se condenaron a 22.353 menores, de los cuales 2.904, el 13%, fueron sentenciados en juzgados valencianos, una cifra sorprendentemente superior a la que se alcanzó en Cataluña (2.864) y Madrid (2.504). El robo fue la causa más común de las infracciones cometidas, ya que el 43% de los casos sentenciados corresponden a robos, según las estadísticas judiciales de 2006 publicadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Los menores de la Comunitat, en lo que se refiere a robo y hurto de uso de vehículos, casi lideran la tabla de toda España. En Andalucía se condenaron por este motivo a 314 chavales mientras que en los juzgados valencianos se logró una sentencia acusatoria para 259 menores, el 16% del total del país (1.552).De los menores condenados por los juzgados valencianos, una abrumadora mayoría (el 88%) son chicos y 167 de ellos sólo tenían 14 años cuando cometieron el delito por el que fueron condenados en 2006. Las provincias de Valencia y Alicante son, respectivamente, la tercera y la quinta con más menores condenados en 2006.Este tipo de estadísticas elaboradas por el INE no tienen visos de mejorar en los próximos años. Al menos si se tiene en cuenta el gran número de detenciones practicadas en la Comunitat y del intensivo trabajo que se acomete en los centros de reeducación de menores.520 jóvenes en 2007 Durante la primera mitad de 2007, un total de 520 jóvenes han pasado por las instalaciones de la media docena de centros de reeducación de menores de la Comunitat. Cada día, entre enero y junio de 2007, se han internado a tres chavales entre los 14 y 17 años. "Que se tomen medidas judiciales contra menores no tiene, necesariamente, que asociarse con algo negativo", explica Julián Salazar, secretario del Colegio Oficial de Educadoras y Educadores Sociales de la Comunitat Valenciana (COEESCV).
"A priori, las medidas judiciales se toman para evitar nuevos delitos y para trabajar con jóvenes que pueden, porque aún son personas en formación, reinsertarse socialmente", indica Salazar. "En los centros de educación se actúa con una clara vocación educativa y formativa, y aunque existe la reincidencia, también existe la reinserción, por lo que merece la pena el internamiento", señala el portavoz del Coeescv.En combinación con la educación social, en la Comunitat continúa la actividad policial, y en este último apartado, las detenciones, lejos de disminuir continúan practicándose intensamente. Los agentes de la Policía Nacional realizaron en octubre y noviembre 200 actuaciones contra un grupo de menores que protagonizaron hurtos y robos con violencia o intimidación en cajeros automáticos de Valencia. En este tipo de sucesos, la inducción de los adultos es fundamental. Gran parte de los menores detenidos tenían menos de 14 años, de modo que no pueden ser acusados de ningún delito al no haber cumplido la edad penal. Se dio el caso de que el mismo día, se detuviese hasta tres veces al mismo menor.
La fiscal coordinadora de menores, Teresa Gisbert, presentó a finales de septiembre un protocolo especial para actuar en situaciones en las que se aseguraba que se iba a investigar si estos menores estaban siendo víctimas de una mafia o si eran sus propios padres los que le inducían a robar. Gisbert pidió, tras su visita a tres centros de reeducación de Valencia, más seguridad en los centros de protección "dependientes de Bienestar Social", adonde se lleva a estos menores de 14 años. Estas instalaciones funcionan en régimen abierto.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
