Asuntos SocialesEl Defensor del Pueblo denuncia las desigualdades en los «cheques-bebé»
Familias que no han cobrado los 2.500 euros prometidos por el Gobierno irán a juicio Las madres extranjeras que no llevan dos años en España no pueden cobrar. Si fueran parejas gays, no habría problema.
Ignacio, en compañía de su esposa Kathryn, y la pequeña Sofía, que ya supera los seis meses
Ignacio, en compañía de su esposa Kathryn, y la pequeña Sofía, que ya supera los seis meses
LA RAZÓN Jaime V. Echagüe madrid- El Gobierno puso en marcha ayudas, cierto, pero no para todos. Entre los excluidos está Ignacio Ladegui, cuya historia fue publicada en estas páginas el pasado mes de enero. A medida que su hija Sofía ha ido cumpliendo meses -ya supera los seis-, Ignacio ha ido adquiriendo conocimientos legislativos, escritos y llamadas telefónicas. Y es que este padre no cobrará los 2.500 euros prometidos por Rodríguez Zapatero a todas aquellas familias que alumbraran un bebé a partir del pasado 1 de julio. ¿El motivo? Su esposa, Kathryn, de nacionalidad norteamericana, lleva menos de dos años residiendo en España. Y según la ley, ella es la única receptora del «cheque-bebé».
De hecho, la pareja ha recibido recientemente un escrito de la agencia tributaria negándoles la ayuda. «Es una ley injusta, absurda y discriminatoria», decía entonces y sostiene ahora Ignacio. «Hasta aquí han llegado»
De hecho, la pareja ha recibido recientemente un escrito de la agencia tributaria negándoles la ayuda. «Es una ley injusta, absurda y discriminatoria», decía entonces y sostiene ahora Ignacio. «Hasta aquí han llegado»
Familias como ésta estaban desamparadas hasta el momento. Sin embargo, un escrito de Ignacio al Defensor del Pueblo en el que denuncia la situación ha tenido por fin respuesta. El documento, al que ha tenido acceso este diario, refleja que la institución dirigida por Enrique Múgica, tras ponerse en contacto con el Ministerio de Hacienda, «ha puesto en evidencia supuestos que son ajenos a los beneficios de la Ley dando lugar a situaciones de desigualdad no queridas por el legislador».
Sin embargo «hasta aquí van a llegar» dice Ignacio. «Las decisiones del Defensor no son vinculantes. Y aunque podría llevar el caso al Tribunal Constitucional, no lo va a hacer». Unas palabras llenas de desencanto, derivadas sobre todo del último párrafo de la carta, en la que el Defensor le remite «a su próximo informe anual».
Ignacio considera que «se me está discriminando por razón de sexo. La receptora de la ayuda es mi hija, y ella no tiene ninguna culpa de que yo sea hombre y no mujer».
Tanto se ha «empollado» Ignacio Ladegui la nueva ley, que ha descubierto otros «agujeros»: «Si estuviéramos en la misma situación, pero yo estuviera casado con un hombre, sí que optaríamos a la ayuda», dice. «En ese caso, basta con que sólo uno cumpla las condiciones de residencia, pues cualquiera de los cónyuges puede declararse madre al solicitar la prestación».
Su decisión es irrevocable: «Voy a llevar el caso al contencioso administrativo». ¿Su objetivo? Crear jurisprudencia para todos los afectados. De hecho, el escrito de Múgica reconoce que «varios ciudadanos» han planteado «su disconformidad» con la ley. «Vamos a ganar», afirma Ignacio, consciente de que «podemos perder 3.000 euros» en los gastos que acarrea el juicio «para terminar ganando sólo 2.500». Pero «si es para cambiar la ley, es dinero bien invertido».
