Comarcas
El centro de reeducación de Villena atiende a más de 1.100 menores
La consellera de Justicia visita las instalaciones en su décimo aniversario
07.10.08 -
R. BERNABEU
VILLENA
Desde que abrió sus puertas en el año 1998, un total de 1.112 menores han pasado por el centro de reeducación 'La Villa' de Villena. Este complejo, gestionado por la fundación Diagrama, inició su actividad con 25 internos de edades comprendidas entre los 12 y 16 años. En la actualidad, el centro alberga a 60 jóvenes de entre 14 a 18 años, internados en diez módulos denominados "hogares". Este edificio está situado en las inmediaciones de los picachos de Cabrera, alejado de cualquier núcleo urbano. El centro 'La Villa' funciona como una extensión del Instituto de Secundaria Navarro Santafé de Villena y dispone de once profesores para impartir distintas materias.Un total de 105 chavales han recibido dichos programas, así como talleres de inserción profesional. Once internos han encontrado un puesto de trabajo remunerado, según explicó ayer el director de 'La Villa', Francisco José Gómez. Moisés, un joven que quedó en libertad el año pasado, intervino en el acto del décimo aniversario del centro y agradeció la dedicación de sus educadores que le han permitido reinsertarse.Este trabajo intenso y callado de los profesionales es, precisamente, lo que ha querido destacar la recién nombrada consellera de Justicia, Paula Sánchez de León, durante su visita de ayer.

4500 DELINCUENTES SIN CONDENA EN COMUNIDAD VALENCIANA

4.500 delincuentes quedan sin condena en la Comunitat por tener menos de 14 años
Se duplican las agresiones cometidas por los más pequeños contra sus padres
ARTURO CHECA
VALENCIA
Uno de cada tres delitos cometidos el año pasado por menores de edad en la Comunitat Valenciana no tuvo reproche penal alguno. Se pudo someter a estos adolescentes a algún tipo de medida de protección social (asistencia a cursos, educadores sociales, psicólogos...) para tratar de reconducir su conducta, pero no se les aplicó la Ley de Responsabilidad Penal del Menor.La razón, que ninguno de ellos alcanzaba los 14 años, edad mínima a partir de la cual la Fiscalía puede tomar cartas en el asunto. Por esta razón, 4.527 menores por debajo de esta edad cometieron el año pasado algún delito en la Comunitat que no tuvo respuesta penal alguna.La cuestión no es anecdótica. Y la fiscal jefe de Valencia lo sabe. No es la primera vez que Teresa Gisbert apuesta por rebajar la edad penal de los 14 a los 12 años como principal forma de acabar con estos delincuentes incipientes. Ayer volvió a hacerlo durante la presentación de los datos de la memoria de la Fiscalía de Menores en la Comunitat."Estamos perdiendo una oportunidad única para reconducir a estos adolescentes, no con el Código Penal en la mano, sino con la Ley del Menor, en aquellas infracciones especialmente graves", lamentó Gisbert.Porque los delitos que cometen los adolescentes de menor edad no son precisamente los más insignificantes. Los delincuentes de menos años son los más activos (por encima de los delincuentes de entre 14 y 17) a la hora de cometer hurtos y robos con violencia e intimidación, las infracciones que más pueden notar los ciudadanos de a pie.Más delitos sexuales Protagonizan incluso más episodios de delincuencia sexual que los adolescentes de mayor edad, según el informe de la Fiscalía. Y más de la mitad del centenar de casos de acoso escolar que el ministerio público contabilizó el año pasado en la región tuvieron detrás a adolescentes que aún no habían cumplido los 14 años.Por si todos estos datos no fueran suficiente prueba de la impunidad que experimentan los delincuentes juveniles, ahí va otra cifra. El medio millar de casos de violencia doméstica protagonizados por menores de edad el año pasado en la Comunitat supuso un aumento del 28% en este tipo de delitos. Pues bien, en ese mismo periodo, los malos tratos protagonizados por adolescentes menores de 14 años casi se han duplicado, al pasar de 54 a 98.La propia Gisbert especificó que la mayoría de estos episodios hacen referencia a agresiones cometidas por los pequeños sobre sus padres.La impunidad penal de la que gozan los delincuentes más precoces va, además, en aumento. La cifra de 4.527 adolescentes menores de 14 años que en 2007 no recibieron castigo penal supone un incremento del 33% con respecto al dígito del año anterior, cuando la Fiscalía contabilizó 3.386 adolescentes.El preocupante panorama de la delincuencia juvenil se completa al comprobar que el aumento de las infracciones penales afecta a todas las franjas de edad. El año pasado, el ministerio público actuó en la Comunitat Valenciana contra 13.179 menores infractores, un 18% más que en 2006.En los 4.527 casos en los que la Fiscalía actuó en 2007 sobre menores de 14 años, los hechos fueron archivados por el ministerio público después de que se pusiese en marcha la respectiva medida de protección por parte del Gobierno autonómico. Es la única posibilidad que deja abierta la ley, al no estar permitida la actuación penal sobre estos adolescentes.La fiscal jefe apuntó una de las posibles explicaciones para esta interminable problemática de la criminalidad juvenil, con especial incidencia entre los más pequeños: el absentismo escolar. "Este es un factor de riesgo que está íntimamente ligado con la delincuencia", subrayó Teresa Gisbert.Cajeros sin botón de 500 euros La responsable de la Fiscalía de Valencia aprovechó su comparecencia ante la prensa para revisar las actuaciones llevadas a cabo el pasado año. Y destacó una por encima de todas: la desarticulación en Valencia de varias organizaciones criminales que forzaban a menores rumanos a atracar a los usuarios de cajeros automáticos.Gisbert recordó que la alarma creada por estos asaltos fue tal que llevó a Bancaja -la entidad que sufrió estos robos de manera más masiva- a eliminar de sus pantallas el botón para extraer 500 euros, opción que generalmente pulsaban los pequeños asaltantes tras distraer a su víctima.Un juzgado de Valencia dictó poco antes del verano una sentencia contra algunos de los acusados de utilizar a los adolescentes en esta trama criminal, como puntualizó Gisbert, aunque no supo precisar la cuantía de la condena ni la identidad de los procesados.Con respecto a los adolescentes explotados por estas bandas, la fiscal jefe explicó que tres de ellos han sido ya devueltos a sus familias en Rumanía, mientras que una decena está pendiente de que las pruebas de ADN confirmen la relación con aquellos que dicen ser parientes suyos en sus países de origen. "Los adolescentes no tienen especial interés en reintegrarse a sus hogares, pues se encuentran aquí muy bien y muchos de ellos en el seno de familias de acogida", subrayó la fiscal jefe de Valencia.Gisbert destacó el buen trabajo realizado por la Fiscalía y las Fuerzas de Seguridad y la firma del protocolo de actuación que ha permitido erradicar esta práctica de las calles de Valencia.acheca@lasprovincias.es

CINCO MENORES SE FUGAN DE UN CENTRO

Cinco menores se fugan de un centro tras denunciar maltrato
La Guardia Civil no las retuvo aunque ya se había notificado su desaparición - Anoche estaban en paradero desconocido
MANUEL PLANELLES - Córdoba - 03/07/2008

Se escaparon de un centro de menores. Pusieron una denuncia por malos tratos en la Guardía Civil y, a pesar de haberse notificado ya su fuga, los agentes las dejaron marchar. Anoche seguían en paradero desconocido. Son cinco chicas de 14 y 15 años que abandonaron el domingo el centro de menores que gestiona la Fundación Arco Iris en Hornachuelos (Córdoba).
Los partes reflejan una contusión en un ojo, otra en el pecho y un "palmetazo"
Las chicas acusaron a sus educadores de causarles "lesiones", según informó ayer la Guardia Civil. La Junta de Andalucía, responsable de la tutela de las menores y del centro, ha abierto una investigación. Aún no se sabe por qué los agentes las dejaron marchar a pesar de que la fuga ya había sido denunciada.
Fue un día antes, el domingo, cuando el director del complejo presentó ante la Guardia Civil, en Palma del Río, una primera denuncia en la que alertaba de que las cinco menores se habían marchado del centro Prado de Santa María. Se trata de un cortijo aislado y rodeado de campos de cultivo a un kilómetro de la carretera que une Palma del Río y Hornachuelos. No es un reformatorio cerrado, sino un centro en el que se trata a chicas con trastornos de la personalidad.
Tras marcharse, las menores acudieron el lunes por la mañana al mismo cuartel de la Guardia Civil de Palma del Río. Allí denunciaron a su vez a los trabajadores de la unidad. Adjuntaron cinco partes médicos del centro de Salud de Palma del Río. En esos partes se detalla cómo una de ellas presenta una "contusión en el ojo derecho" y se le mueve un diente. Otra tenía una contusión en el pecho y una tercera "refiere que le han pegado un palmetazo en el muslo derecho".
La Dirección General de Infancia y Familias de la Junta de Andalucía anunció ayer que ha abierto "diligencias informativas" para esclarecer "las versiones dispares sobre unos presuntos malos tratos" denunciados por las chicas. La Consejería para la Igualdad y el Bienestar Social no quiso aportar más datos, ya que prefiere esperar a que se concluya la investigación. Se da la circunstancia de que otra menor con trastorno de conducta fue trasladada de ese centro hace un mes después de que su madre se quejara del trato que recibía.
El Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, lamentó la fuga de las chicas e indicó que estos centros están sujetos a situaciones "muy complicadas". Según dijo, "estas unidades tienen un programa muy terapéutico, pero son duros, porque los chavales necesitan reestructurar su vida". Chamizo reconoció que estas instalaciones dan "buenos resultados". Aunque también sostuvo que, si se han producido irregularidades, su oficina tomará parte en el asunto.

DENUNCIADA LAS DESIGUALDADES EN LOS CHEQUES-BEBÉS

Asuntos Sociales
El Defensor del Pueblo denuncia las desigualdades en los «cheques-bebé»

Familias que no han cobrado los 2.500 euros prometidos por el Gobierno irán a juicio Las madres extranjeras que no llevan dos años en España no pueden cobrar. Si fueran parejas gays, no habría problema.
Ignacio, en compañía de su esposa Kathryn, y la pequeña Sofía, que ya supera los seis meses

LA RAZÓN Jaime V. Echagüe madrid- El Gobierno puso en marcha ayudas, cierto, pero no para todos. Entre los excluidos está Ignacio Ladegui, cuya historia fue publicada en estas páginas el pasado mes de enero. A medida que su hija Sofía ha ido cumpliendo meses -ya supera los seis-, Ignacio ha ido adquiriendo conocimientos legislativos, escritos y llamadas telefónicas. Y es que este padre no cobrará los 2.500 euros prometidos por Rodríguez Zapatero a todas aquellas familias que alumbraran un bebé a partir del pasado 1 de julio. ¿El motivo? Su esposa, Kathryn, de nacionalidad norteamericana, lleva menos de dos años residiendo en España. Y según la ley, ella es la única receptora del «cheque-bebé».
De hecho, la pareja ha recibido recientemente un escrito de la agencia tributaria negándoles la ayuda. «Es una ley injusta, absurda y discriminatoria», decía entonces y sostiene ahora Ignacio. «Hasta aquí han llegado»

Familias como ésta estaban desamparadas hasta el momento. Sin embargo, un escrito de Ignacio al Defensor del Pueblo en el que denuncia la situación ha tenido por fin respuesta. El documento, al que ha tenido acceso este diario, refleja que la institución dirigida por Enrique Múgica, tras ponerse en contacto con el Ministerio de Hacienda, «ha puesto en evidencia supuestos que son ajenos a los beneficios de la Ley dando lugar a situaciones de desigualdad no queridas por el legislador».

Sin embargo «hasta aquí van a llegar» dice Ignacio. «Las decisiones del Defensor no son vinculantes. Y aunque podría llevar el caso al Tribunal Constitucional, no lo va a hacer». Unas palabras llenas de desencanto, derivadas sobre todo del último párrafo de la carta, en la que el Defensor le remite «a su próximo informe anual».

Ignacio considera que «se me está discriminando por razón de sexo. La receptora de la ayuda es mi hija, y ella no tiene ninguna culpa de que yo sea hombre y no mujer».

Tanto se ha «empollado» Ignacio Ladegui la nueva ley, que ha descubierto otros «agujeros»: «Si estuviéramos en la misma situación, pero yo estuviera casado con un hombre, sí que optaríamos a la ayuda», dice. «En ese caso, basta con que sólo uno cumpla las condiciones de residencia, pues cualquiera de los cónyuges puede declararse madre al solicitar la prestación».

Su decisión es irrevocable: «Voy a llevar el caso al contencioso administrativo». ¿Su objetivo? Crear jurisprudencia para todos los afectados. De hecho, el escrito de Múgica reconoce que «varios ciudadanos» han planteado «su disconformidad» con la ley. «Vamos a ganar», afirma Ignacio, consciente de que «podemos perder 3.000 euros» en los gastos que acarrea el juicio «para terminar ganando sólo 2.500». Pero «si es para cambiar la ley, es dinero bien invertido».

EL GOBIERNO TRAMITA LA REPATRIACIÓN DE MENORES RUMANOS QUE ROBABAN EN VALENCIA

Una familia de acogida recoge 5.000 firmas contrala medida al considerar que "se les envía al infierno"
21.05.08 - 07:21 -
ARTURO CHECA
VALENCIA
Un policía, con tres niños rumanos sorprendidos en Valencia cuando supuestamente robaban en un banco a finales de 2007.
A finales de 2007, la Policía Nacional puso fin a un grupo delictivo que durante muchos meses azotó a la ciudad de Valencia y municipios cercanos: un grupo de ciudadanos rumanos que empleaba a 24 menores para robar en cajeros automáticos y a los que también obligaba a mendigar. Muchos de los niños apenas superaban los cinco años. En la actualidad, mientras algunos están internados en centros de menores, otros se hallan en régimen de acogida en familias valencianas.
Pero el comienzo del fin de su estancia en la Comunitat Valenciana puede estar empezando. Según ha podido saber LAS PROVINCIAS, el Gobierno, a través del Ministerio del Interior, ha iniciado los expedientes de repatriación de alrededor de una quincena de adolescentes. El Ejecutivo emprende esta medida en virtud de un tratado firmado hace dos años entre España y Rumanía que acuerda el envío a este país de adolescentes rumanos no acompañados por sus progenitores en España.

Desde la Fiscalía de Menores de Valencia confirmaron la existencia de estos expedientes e indicaron que se llevan a cabo "tras localizar a sus progenitores en Rumanía y comprobar que los centros de internamiento de aquel país reúnen las condiciones óptimas para el desarrollo de los menores".

Dicho acuerdo existe tanto con el país recientemente integrado en la Unión Europea como con Marruecos y Senegal, dos de los países de origen mayoritario de los menores que acaban recalando en circunstancias muchas veces ilegales en España.

De hecho, las mismas fuentes señalaron que el Consulado rumano se ha opuesto expresamente a que estos adolescentes sean adoptados en España, por lo que la única posibilidad es que sean acogidos por una familia (algunos de ellos ya lo están) o internados en centros de menores. En la actualidad, los 24 niños se encuentran en situación de acogimiento residencial y tutelados por la Conselleria de Bienestar Social."

Enviarlos de vuelta a su país es mandarlos a un infierno". Quien así se pronuncia es Fran, un valenciano que junto a su pareja acoge durante los fines de semana a dos de estos menores, dos niños de cuatro y seis años. Ellos han sido los impulsores de una campaña (en la que ya se han implicado ongs de protección hacia los inmigrantes) que ya ha recabado "unas 5.000 firmas" en contra de esta medida para remitirlas al Defensor del Menor.

La pareja también ha presentado un recurso contra las repatriaciones ante el Síndic de Greuges, "que ya lo ha aceptado", tal y como señaló el demandante.

El tiempo de los adolescentes en la Comunitat puede empezar a acabarse el próximo mes de agosto. Es entonces cuando finaliza el plazo máximo de nueve meses de que consta el acogimiento de urgencia y diagnóstico por el que la mayoría de los menores se encuentra con las familias. Lo que Fran y otras muchas parejas de la Comunitat piden es que la Conselleria de Bienestar Social convierta este régimen en acogimiento simple, "lo que prolongaría su estancia al menos durante dos años", o incluso permanente, como señala el valenciano.

Miles de niños en la calle

El denunciante y su pareja están a la espera de mantener una reunión con representantes de esta Conselleria. "Sólo se ha localizado a los padres de uno de los menores y el resto van a ir a un orfanato. No se está teniendo en cuenta el supremo interés del menor, como exige la ley española, y tanto Bienestar Social como la Subdelegación del Gobierno deberían hacerlo. Lo contrario es enviarles a un país en el que cada año más de 2.000 menores acaban viviendo en la calle", exponen los demandantes en las hojas con las que están recabando firmas por toda Valencia.

La Asociación de Rumanos de la Comunitat también se muestra a favor de que los menores permanezcan en España. "Si hay unas familias de acogida que se comprometen a tenerlos con ellos, sin duda aquí pueden tener una educación y un futuro mucho mejor que en Rumanía", aseguró el presidente de la entidad, Daniel Ionita. Eso sí, ve lógico que regresen a su país "si se localiza allí a algún familiar que se haga cargo de ellos".

No obstante, al mismo tiempo, el representante rumano se muestra partidario de que el Gobierno español aplique "medidas drásticas" contra sus compatriotas que cometen delitos en la Comunitat, "porque no es justo que paguemos todos por ellos y nuestra imagen se vea dañada por sus delitos".

"Allí no les espera nadie", apunta Fran. El valenciano subraya una y otra vez que los niños son inocentes de los delitos que le obligó a cometer la banda. "Ellos robaban para sobrevivir. Creían que la gente vivía robando, hasta que les hemos enseñado que lo normal es levantarse cada día e ir a trabajar", explica el miembro de una de las familias de acogida.

Enviarlos de vuelta a Rumanía sería, según el denunciante, "convertirlos de nuevo en víctimas, en este caso de un sistema que decide no seguir protegiéndolos".

DECRETO-LEY PARA PAGAR 400 €

LA PAGA DE 400 €
Durante la pasada campaña electoral, prometieron una paga de 400 € para los trabajadores y autónomos. Celebradas las elecciones y un mes más tarde, El Consejo de Ministros ha aprobado el viernes 18 de abril, el Decreto-Ley de medidas fiscales que incluye, entre otras la medida referente a los 400 €.
El Real Decreto Ley se ha publicado en el BOE de 22 de abril, y el Real Decreto de desarrollo de la norma se publicará previsiblemente a mediados de mayo, con entrada en vigor de 1 de junio.
En relación a esta medida interesa destacar los siguientes aspectos:
a) No tiene incidencia alguna en la campaña de Renta 2007.
b) Tiene el carácter de deducción de la cuota líquida del impuesto sólo para aquéllos que perciben rentas del trabajo o de actividades económicas. (incluido pensionistas).
c) El abono de los 400 € se efectúa mediante un ajuste de retenciones del trabajo soportadas en 2008 o de pagos fraccionados de actividades realizados en 2008 por lo que sólo afecta a aquellos que tengan saldo suficiente al efecto. En ningún caso tiene el carácter de impuesto negativo.
La recuperación se efectúa de la siguiente forma:
1) Trabajadores:
Nómina mes de junio: deducción de 200 € como máximo, en las retenciones soportadas;
Nóminas de julio a diciembre: la recuperación del resto hasta llegar a 400 €
(Se efectúa vía bajada del tipo de retención que ahora, a los exclusivos efectos de tener en cuenta este ajuste, admite hasta dos decimales.)
Hay que tener en cuenta las siguientes excepciones:
PRIMERO: Aquellos trabajadores que no tengan retenciones superiores a los 400 euros en el año, el importe máximo sólo se extiende hasta la cantidad retenida.
SEGUNDO: Aquellos que en la nómina del mes de junio no alcance los 200 €, sólo podrán recuperar en ese mes el importe máximo que le correspondiese retener en la mensualidad, y el resto hasta los 400 años repartidos en las nóminas del período de julio a diciembre.
TERCERO: También se recogen dentro de la medida a los pensionistas.
2) Empresarios y profesionales: deducción máxima de 200 € en el pago fraccionado del 2T y de 100 € (o de una cantidad mayor si hay saldo no aplicado en los pagos anteriores) en cada uno de los dos siguientes, siempre con un máximo de 400 € en total .

EXTORSIONAN A UN MENOR PARA QUE VENDA DROGA.

Desmantelan un grupo que extorsionaba a un menor para que vendiera droga en Pego y les entregara el dinero
Con esta operación, se da por erradicado un nuevo punto de venta y distribución de drogas en la comarca alicantina de la Marina Alta
28.04.08 - 14:57 - EFE PEGO (ALICANTE)

Seis personas han sido detenidas al desmantelar un grupo dedicado a la venta de droga al menudeo en la Marina Alta que había extorsionado y amenazado a un menor de edad para que vendiera los estupefacientes en Pego, y para que entregara la recaudación.
Según la Guardia Civil, los arrestados son J.A.P., de 22 años; N.P.S., de 18; J.J.A.M., de 21; S.P.C., de 21; y dos menores, todos de nacionalidad española.
Además, en dos registros domiciliarios se hallaron ocultos unos 500 gramos de marihuana, así como recortes de bolsas de plástico de forma redondeada para envolver dosis de estupefacientes, trozos de alambre forrado de plástico para el cierre de las mismas, "speed", así como diversas joyas.
Con esta operación, se da por erradicado un nuevo punto de venta y distribución de drogas en la comarca.

VIOLA A SU SOBRINA DE 13 AÑOS Y LA DEJA EMBARAZADA.

AUDIENCIA PROVINCIAL DE CIUDAD REAL
Condenan a 8 años de cárcel a un boliviano que abusó de su sobrina en Valencia y la dejó embarazada. El acusado, que vive en La Solana (Ciudad Real), asegura que la relación fue consentida.
28.04.08 - 14:59 - EFE CIUDAD REAL

La Audiencia Provincial de Ciudad Real ha condenado a S.N.Z., de 27 años, a ocho años de prisión como responsable de un delito continuado de abuso sexual sobre su sobrina, de 13, a la que dejó embarazada, y a una indemnización de 12.000 euros.
Según ha dado a conocer hoy el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, la sentencia establece que el condenado, de nacionalidad boliviana y residente en La Solana (Ciudad Real), no podrá acercarse a la víctima, ya en su domicilio, centro de estudio o lugar frecuentado por ésta, a menos de 300 metros.
También le prohíbe comunicarse con la misma por cualquier medio, directa o indirectamente, durante 10 años, y al pago de 12.000 euros de indemnización, atendiendo a los daños morales y a la necesidad que tuvo la menor de sufrir un aborto.
Este caso se vio el pasado día 16 y, durante la vista, que se celebró a puerta cerrada por la presencia de la menor, el procesado se declaró inocente aduciendo que la relación con su sobrina fue consentida por ella.
Su abogado, en consecuencia, pidió la libre absolución y que su cliente abandonara la prisión, donde lleva 15 meses por unos hechos que sucedieron el 8 de octubre de 2006 en Valencia y el 14 del mismo mes en La Solana.
El fiscal, que había solicitado una pena de 9 años y la indemnización establecida en la sentencia, calificó también los hechos como un delito continuado de abuso sexual.
El asunto se descubrió el 22 de noviembre de 2006, cuando la víctima, ante las molestias que sufría, acudió con su madre a un centro de salud donde el médico comprobó que estaba embarazada y se sometió a un aborto.

SE FUGA UN MENOR DEL MARCELO NESSI

Huye del Marcelo Nessi al colocar un cristal en el cuello de una educadora
El fugado había salido a fumar un pitillo junto a otro interno que también intentó la huida Los vigilantes tuvieron que abrir la puerta
Un joven de 18 años que estaba internado en el centro de reforma de menores Marcelo Nessi escapó ayer tras amenazar con un cristal punzante a una educadora. La fuga tuvo lugar pasadas las 2 de la tarde y participó un segundo interno que pudo ser reducido gracias a la rápida actuación de los servicios de seguridad del centro.

Según las primeras informaciones llegadas a HOY, tanto el joven fugado como el otro chico que lo intentó (de 19 años) estaban en el módulo terapéutico y habían salido a fumar a un patinillo interior en compañía de una de las educadoras que trabajan en el Marcelo Nessi. Una vez allí, uno de los internos sacó un trozo de vidrio afilado (posiblemente pertenecía a una bombilla o un tubo fluorescente roto) y se lo colocó a la altura del cuello.

Con esa grave amenaza física, los internos pidieron a los vigilantes que abrieran la puerta que comunica ese patinillo con el jardín que rodea al centro, a lo que accedió el personal de seguridad por temor a que los jóvenes pudieran causar daños serios a la educadora.

De ese modo lograron salir a la zona exterior, que está separada de la calle por una valla que puede ser saltada con relativa facilidad por chicos ágiles.

Uno de los internos que intentaron la fuga fue interceptado por los vigilantes antes de que lograra su objetivo, pero el otro consiguió la evasión y a última hora de la tarde continuaba en paradero desconocido, según confirmó una fuente policial.

Aunque no han trascendido datos oficiales, sí ha podido saberse que el joven de 19 años que intentó la huida también había intentado con anterioridad fugarse por la terraza del centro. En aquella ocasión se lo impidió la Policía.

Con la agresión de ayer son cuatro los ataques sufridos durante los últimos meses por el personal del centro de reforma de menores, cuyos cuidadores están llevando a cabo medidas de protesta para exigir a la Junta de Extremadura que refuerce las medidas de seguridad del centro y amplíe la dotación de personal.

En la primera agresión uno de los internos arrojó una bandeja a la cara de un cuidador; en la segunda le dieron varias patadas a otro trabajador del centro; y la tercera fue sufrida por una educadora a la que arrastraron de los pelos.

La cuidadora agredida ayer incluso tuvo que recibir algunos puntos de sutura en la mano al sufrir un corte cuando intentaba separar el cristal de su cuello.

Estos hechos fueron puestos ayer por la tarde en conocimiento del Cuerpo Nacional de Policía, cuyos agentes han iniciado la búsqueda del fugado para devolverlo al centro.

BANDAS LATINAS

BANDAS LATINAS EMERGENTES
Aunque el grupo emergente que mayores quebraderos de cabeza da a las autoridades en los últimos tiempos son las bandas latinas. “Son los más violentos”, asegura un agente especializado en estos grupos: Latin King, Ñetas, Maras, DDP (Dominican Don’t Play)…
Sus integrantes son, en su mayoría, ciudadanos sudamericanos, aunque a veces hay también algún español. Son jóvenes, en muchos casos menores de edad. Y, por lo general, proceden de familias desestructuradas. “El grupo suple sus carencias sociales. En él desarrollan una identidad propia y son personas de difícil reinserción”, narran fuentes policiales. Los ataques suelen ser entre bandas rivales, pero a veces la provocación se desborda. Es lo que sucedió en Alcorcón, en enero de 2007, cuando una reyerta multitudinaria entre más de 50 jóvenes acabó con tres heridos, uno de ellos grave.Hace sólo unos días, la Policía detuvo en Alicante y Elche a 12 personas de nacionalidad ecuatoriana acusadas de pertenecer a dos bandas de Ñetas. Los investigadores comprobaron que el grupo estaba perfectamente estructurado y jerarquizado, y que incluso amenazaba a quienes pretendían abandonar la banda.
El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, reconoció esta semana en una entrevista concedida a RNE que todos estos grupos urbanos violentos “preocupan” a los cuerpos y fuerzas de seguridad. Una de las soluciones que apuntan los expertos pasaría por la creación de una fiscalía especializada en grupos violentos, algo que ya existe en algunos países como Alemania.Acceder hasta ellos es complicado, porque son muy cerrados. No se fían de los desconocidos y resulta difícil conocer sus movimientos, adelantarse a sus planes de acción… Aunque hay quien les conoce bien. David Madrid es uno de ellos. Este agente estuvo año y medio infiltrado en los Ultras Sur. Plasmó su experiencia en dos libros: Insider, un policía que se coló en las gradas ultras y, en colaboración con otro compañero, Tribus Urbanas. Ritos, símbolos y costumbres, en las librerías desde hace pocas semanas.

Portada > Badajoz
OCURRIO EL JUEVES POR LA NOCHE.
Denuncian una nueva agresión a dos trabajadores del Marcelo Nessi
Un menor propina varias patadas a un cuidador y un vigilante recibe un puñetazo.La Junta insiste en que la seguridad está garantizada y pide que no se cree alarma.
29/02/2008 B. C.

Instalaciones del centro de menores Marcelo Nessi, en una imagen de archivo।Foto:सर.GARCIA

Los trabajadores del Marcelo Nessi se manifiestan para pedir más seguridad17/03/2008
Un grupo de trabajadores del centro Marcelo Nessi denunció ayer la agresión que sufrieron el jueves por la noche un cuidador y un vigilante por parte de uno de los internos. Según su testimonio, la agresión se produjo alrededor de las 22.15 horas cuando el cuidador abrió la puerta de la habitación del menor y recibió "tres patadas en la mano, la pierna y el estómago". Cuando el vigilante de seguridad acudió para reducirlo le propinó "otro puñetazo en la cara".
El cuidador, que ha denunciado la agresión ante la Policía Nacional ayer por la mañana, fue atendido de las lesiones en el hospital Infanta Cristina y ha recibido la baja laboral.
ACTITUD VIOLENTA Los trabajadores señalaron que fue necesaria la intervención de la Policía Nacional dentro del centro para controlar la situación, ya que el resto de internos "se alborotaron". Añadieron que la actitud "violenta" que el menor había mostrado ese mismo día por la mañana "cuando lanzó una silla al aire" hacía predecir que podría llegar más lejos y no se actuó. En este sentido, denunciaron la ausencia de "responsables" y que se deleguen en los cuidadores funciones que no son de su competencia.
Para ellos, esta nueva agresión, "la tercera en los últimos meses", pone de manifiesto que "no es suficiente la seguridad" que existe en el centro de menores, "porque a pesar de que la Junta dice que la ha reforzado, estamos cada vez peor", señalaron. "Nos sentimos indefensos y tenemos miedo", confesaron.
Por su parte, la Consejería de Infancia y Familia negó ayer que la agresión, en la que no confirmó si había tenido que intervenir la Policía Nacional, se debiera a la falta de vigilancia e insistió en que la seguridad de los trabajadores y los internos está garantizada. Añadió que no se debe generar "alarma" ni sacar estos "incidentes de contexto" y, en este sentido, recordó que los menores internados en el Marcelo Nessi cumplen penas por haber cometido diferentes delitos, están internados "en contra de su voluntad" y son personas "conflictivas".
No obstante, Infancia y Familia recalcó que "siempre" ha estado al lado de los trabajadores cuando ocurren hechos de este tipo y que los apoya "para que denuncien".
Los cuidadores del Marcelo Nessi se reunieron el 14 de febrero con la directora de Infancia y Familia, Nuria Sánchez, para trasladarle sus inquietudes. Ayer se quejaban de que no se había hecho "nada" desde entonces y desde la Junta se aclaró que se han escuchado sus propuestas y habrá una nueva reunión.

LA SITUACIÓN DE MENORES EN EL CABANYAL

La Fiscalía abre un expediente de protección y pide a la policía averiguar la situación de menores en el Cabanyal
13.03.08 - 13:23 -
EUROPA PRESS
Valencia

La Fiscalía de Menores del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ha incoado un expediente de protección a raíz de un escrito remitido por la plataforma Salvem El Cabanyal y pide al jefe del Grupo de Menores de la Policía Autonómica que funcioanrios de esa unidad pratiquen gestiones para averiguar la situación personal, familiar, social y educativa de algunos menores del barrio.
Así consta en un decreto de la fiscal Teresa Gisbert, de fecha 29 de enero, adoptada después de que la plataforma Salvem el Cabanyal, a través de su portavoz, Faustino Villora, remitiera un escrito a la Fiscalía de Menores para que investigara las condiciones "degradantes" en las que viven algunos niños en el barrio, asentados junto a sus familias, tras los derribos de casas realizados por parte del Ayuntamiento de Valencia .
Según alegaba la Plataforma, La cantidad de casas ocupadas "no se da en ningún otro barrio". Además, indican que los servicios sociales "han llegado a autorizar la ocupación de una planta baja sin servicios urbanos a 20 ciudadanos inmigrantes". Asimismo, critican la cantidad de puestos fijos de venta de drogas. "Es un hecho notorio para todos los ciudadanos que puede ser confirmado por la policía que en el barrio se da la mayor concentración de personas que viven de la delincuencia", señaló la entidad.
También advertían de que la "agresividad" de los recién llegados "es tan grande que las agresiones con los vecinos son continuas, dando lugar a que no puedan salir 'a la fresca' como tradicionalmente se hacía". Comparaban la imagen de algunas zonas "con las de Beirut bombardeado" y aseguraban que en este entorno de degradación, "en casas sin luz ni agua ni condiciones higiénicas viven familias con menores que no acuden a la escuela".
"Y los servicios sociales teóricamente atienden a esas familias, en esas pocilgas que en algunos casos se las han facilitado ellos y que en la mayoría de casas son casas del ayuntamiento", lamentaron. Los menores, dicen, "viven en una escuela de delincuencia". Estos hechos fueron denunciados por la asociación hace tres años y "no se ha hecho nada". Por ello, solicitaban a Fiscalía que iniciara las diligencias correspondientes para "acabar con la existencia de menores que viven en una escuela de la delincuencia y en condiciones higiénicas deplorables".
Asimismo, reclamaban que se depuraran las responsabilidades, si las hubiere, de las autoridades "que permiten que vivan en las condiciones denunciadas y que además actúan acelerando la degradación urbanística y social del barrio". Como prueba presentaron la grabación del programa Callejeros que se hizo sobre el barrio.

¿Qué se hace con un menor de 11 años detenido 69 veces por delitos leves?

NO TODO VALE CON

LOS NIÑOS

Frente a la propuesta del PP de rebajar la edad penal de los 14 a los 12 años, los expertos piden más medidas educativas - ¿Qué se hace con un menor de 11 años detenido 69 veces por delitos leves?
¿Delinquen cada vez más jóvenes en España? ¿Hay un gran número de menores de 12 años perpetrando asesinatos y violaciones? ¿Hace falta reformar la ley porque no funciona? ¿Se puede hacer algo fuera del sistema penal con los menores de 14 años que cometen delitos?

El tema ha saltado al debate electoral después de que Mariano Rajoy anunciara esta semana dos medidas que llevará a la práctica si el Partido Popular gana las próximas elecciones: la primera, que la edad penal se baje de los 14 a los 12 años para los casos de delitos graves; la segunda, que todos los menores que cumplan una medida en un centro de reforma pasen a una cárcel de adultos al cumplir los 18 años. El comité español de UNICEF ha manifestado "inquietud y preocupación" ante la propuesta.

Los datos desmienten la necesidad de rebajar la edad penal: los menores de 14 años que cometen delitos graves "se pueden contar con los dedos de una mano", dice el Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid, Arturo Canalda (nombrado por el PP, que gobierna en Madrid). Los datos del Ministerio del Interior lo corroboran: por lo general hay apenas un homicidio o asesinato cada año. Y un gran número de expertos internacionales reunidos esta semana en Madrid en el I Congreso Internacional de Responsabilidad Penal de Menores, organizado por el Gobierno regional, han coincidido en dos puntos básicos. Primero, que la gran alarma social que causan los casos que saltan a los medios de comunicación no se corresponde con la realidad. Y segundo, que imponer a estos chicos un castigo penal no tiene efectos positivos ni es necesario. La propuesta de la mayoría de los académicos y juristas ha sido pedir la mejora de las medidas socio-educativas y su aplicación.

"Mariano Rajoy ha recogido con su iniciativa las lágrimas de la madre de Sandra Palo [la chica de 22 años, discapacitada, que fue brutalmente raptada, violada, atropellada repetidas veces y asesinada por tres menores de edad que tenían más de 14 años]", señaló el martes Alfredo Prada, vicepresidente segundo de la Comunidad de Madrid y consejero de Justicia, tras la inauguración del Congreso. En la clausura, al día siguiente, las palabras del juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez podrían servir para responder a Prada: "Desde la perspectiva de la víctima, la exigencia del ojo por ojo es perfectamente comprensible. Pero el ojo por ojo conduce socialmente al caos y degrada la calidad humana de los ciudadanos". Y añadió que ninguna pena que se imponga a los delincuentes "puede calmar la desazón de los agredidos", por lo que las soluciones a los problemas de los menores infractores deberían plantearse con "serenidad, honestidad y, sobre todo, con responsabilidad". Así que, ¿qué es lo que el Estado, de forma responsable, debe hacer con estos menores?

Una psicóloga de los servicios sociales de Madrid plantea un caso reciente. Tres niñas cometieron un robo planeado en casa de los padres de una amiga. Dos tenían 13 años. Otra, 14. Esta última era penalmente responsable y se arriesgaba a ser internada en un centro, aunque finalmente se le impuso una medida de libertad vigilada. A las otras dos no les ocurrió nada. No eran responsables. Entraron en el sistema de protección de menores y los servicios sociales intentaron trabajar con ellas y sus familias. Pero sin éxito. Las chicas tenían claro que la ley no las obligaba a nada, y que no tenían por qué asistir a las citas con la psicóloga. Fue imposible implicar a las familias y realizar una intervención social. Y cada vez son más habituales las bandas de niños de 10, 11 y 12 años -casi siempre dirigidos por adultos- que amparados por su falta de responsabilidad penal roban teléfonos móviles por la calle y asaltan los cajeros automáticos de los bancos. En ocasiones la policía ha llegado a detener hasta 69 veces a un mismo menor.

Es evidente que hay que dar una respuesta a estos casos, sobre todo para intentar evitar que a los 15 años estos chicos sean unos delincuentes profesionales. Pero, si se rebajara la edad penal a los 12 años, la misma polémica podría plantearse después con chicos de 9, 10 u 11 años. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a bajar el límite de la responsabilidad penal? ¿Es consciente un chaval de 12 años de lo que supone su delito? Y, sobre todo, ¿quién dice que la respuesta penal sea la única posible ni la mejor? ¿Por qué no se exige al Estado y a sus instituciones que pongan en marcha, seriamente, sistemas de protección social y educativos?

"El derecho penal no puede solucionarlo todo", señaló la francesa Jocelyne Castaignéde, profesora de Derecho Penal y Criminología de la Universidad de Pau. En Francia no hay edad penal mínima sino que es el juez, en cada caso concreto, el que debe analizar la capacidad de discernimiento del menor. Es una fórmula poco habitual en Europa, porque en casi todos los países se ha optado por el criterio de la edad, aunque ésta varíe: 10 años en Inglaterra y Gales, 12 en Holanda, 14 en España, Alemania, Austria e Italia, 15 en Suiza y 16 en Bélgica y Luxemburgo. Cada alusión de los ponentes en el Congreso a la necesidad de establecer políticas educativas y preventivas, y no penales, iba seguida por aplausos y ovaciones de los asistentes, que llenaban el Palacio de Congresos.

Pero, ¿en qué se concretan estas posibles medidas "educativas y sociales"? ¿Qué se puede hacer fuera del ámbito del derecho penal cuando un menor de 14 años comete un delito? "Pues muchas cosas", responde el vocal del Consejo General del Poder Judicial y ex fiscal de menores Félix Pantoja. "A través del fiscal y con la autorización del juzgado de familia se pueden imponer medidas de carácter obligatorio e incluso restringir derechos del menor como su libertad". Recuerda el caso de un chico con un grave problema de drogas que cometía de forma habitual pequeños delitos y que estaba bajo la tutela de una comunidad autónoma. Desde la fiscalía se pidió al juez que autorizara que no le dejaran salir del centro en el que vivía durante un tiempo, para poder trabajar con él. Y así se hizo.

"El sistema de protección tiene instrumentos suficientes para que se puedan adoptar este tipo de medidas", continúa Pantoja. "Pero en la práctica todo falla: los fiscales no suelen actuar, los sistemas de tutela dejan mucho que desear con los adolescentes y preadolescentes, los educadores tienen pocos recursos, hay pocos medios... y tampoco tiene sentido sustituirlo por la intervención penal porque muchas veces tiene las mismas carencias. Eso sí, permite de forma más rápida encerrar a los chavales, y parece que así nos quedamos más tranquilos". Dos psicólogas de los servicios sociales madrileños también piden un mayor apoyo y ayuda por parte de los fiscales de menores. "Sin ellos estamos perdidas", señala una de ellas. "Porque los menores, y sus familias, saben que nosotros no tenemos forma de obligarles a colaborar en nada".

Cuando la tutela la tiene la comunidad autónoma, es más fácil intervenir con los chicos y pedir medidas judiciales que cuando están con sus padres. Por no hablar de cuando es la propia familia la que les incita a cometer delitos. Si la situación es grave, se puede declarar judicialmente la situación de riesgo o desamparo del menor y quitar la tutela a los padres. Pero no siempre es fácil, y jueces y fiscales suelen ser reticentes a separar a un niño de la familia. Así que, en estos casos, la sensación de impunidad crece. El Defensor del Menor, Arturo Canalda está de acuerdo con que se baje la edad penal, pero sólo "para casos excepcionales". E insiste en que lo esencial es establecer medidas socioeducativas que se puedan imponer de forma "obligatoria y coactiva". "Incluso con sanciones económicas para los padres que no quieran colaborar", dice. Aunque para eso harían falta reformas legales.

Finlandia ha optado implantar un verdadero sistema de protección de menores. Una vez cometido un delito, y entendiendo que el menor está poniendo en peligro su futuro, se puede intervenir de muchas formas: con asistencia financiera, orientación psicológica o terapéutica, o imponiéndole determinadas tareas. Es posible, incluso ingresarlo en una casa de acogida o residencial. Este sistema se aplica a los menores de 15 años -límite de la edad penal en ese país-, pero cada vez más también a los chicos de 15 a 17. El número de menores en las cárceles de Finlandia ha pasado de 761 en 1975 a 65 en 2006, según datos ofrecidos por el director del Instituto Nacional de Investigaciones para las Políticas Legales de ese país, Tapio Lappi-Sepälä. Allí se ha optado por evitar los internamientos y desarrollar la actuación socioeducativa.

Aparte de la propuesta de la edad penal, Mariano Rajoy también ha dicho esta semana que llevará a las cárceles de adultos todos los menores internos en centros de reforma cuando cumplan los 18 años. La Ley de Responsabilidad Penal del Menor, de 2000, fue reformada el año pasado para permitir esta posibilidad. Según la nueva redacción de la norma, ahora el juez "podrá ordenar" que el interno pase a prisión al alcanzar la mayoría de edad. Por lo tanto, se estudia cada caso concreto. El PP propone que se haga de forma automática. Dado que el objetivo de la Ley del Menor es la reeducación, no parece muy lógico que después de unos años de tratamiento específico se les traslade a una cárcel con adultos. "Es necesario examinar cada caso para ver si es necesario o contraproducente llevarlo a la cárcel", opina Canalda.

Los políticos sacan a la calle el debate sobre la delincuencia juvenil con mucha apelación al miedo pero pocos datos. Populismo para ganar votos. "Después del 11-S y del 11-M, los ciudadanos quieren seguridad total. Hemos cambiado a Rousseau por el Leviatán de Hobbes", señala Bernat Castany, de la Universidad Ramón Llull de Barcelona. "Pero lo que hay que hacer es educar a estos jóvenes en responsabilidad".
Los delitos graves de menores de 14 se cuentan con los dedos de una mano
Unicef ha manifestado su "inquietud" por la iniciativa popular
Cada vez son más habituales las bandas de niños que roban
Se puede actuar con estos menores al margen del sistema penal
El PP quiere llevar a la cárcel a todos los menores en centros que cumplan los 18
Ahora el juez ya puede decidir si la prisión de adultos es la mejor opción

PRESTACIÓN POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO O LACTANCIA

Riesgo durante el embarazo, situación

protegida
Es la situación en la que se encuentra la trabajadoras durante el período de suspensión del contrato por riesgo durante el embarazo, cuando debiendo cambiar de puesto de trabajo, por influir éste negativamente en su salud o en la del feto, a otro compatrible con su estado, dicho cambio no resulte posible o no pueda exigirse por motivos justificados.
Tienes más información Aquí

Con la finalidad de ayudar a tramitar la solicitud de prestación por riesgo durante el embarazo o la lactancia natural indicamos los pasos a seguir y la documentación que se debe aportar según la mutua FRATERNIDAD MUPRESPA

RAJOY QUIERE AUMENTAR LAS PENAS PARA LOS MENORES

PRETENDE AUMENTAR LAS PENAS DE INTERNAMIENTO
Rajoy quiere rebajar la edad penal para

delitos cometidos por menores

• Elaborará dispositivos de seguridad en los barrios más conflictivos
• Propone agravar las sanciones para los delitos en establecimientos públicos
• Rajoy anuncia la incorporación de 30.000 nuevos policías y guardias civiles

ELMUNDO.ES
MADRID.- El candidato del PP a la Presidencia del Gobierno, Mariano Rajoy, ha propuesto reformar la ley de responsabilidad penal de los menores, rebajando la edad penal de estos en casos de especial gravedad o de multirreincidencia, y aumentando las penas de internamiento.

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Rajoy ha presentado durante un acto en Sevilla las líneas básicas del programa electoral del PP en materia de Seguridad Ciudadana, entre cuyos objetivos principales están la reforma de la ley de responsabilidad penal de los menores.
El líder de los 'populares' ha asegurado que la reforma no responde a "una ocurrencia", sino que se trata de "un programa adjudicado a lo que demanda la sociedad española".
La reforma de esta ley, el fortalecimiento de los cuerpos de la policía y la guardia civil, medidas contra la violencia doméstica, contra el crimen organizado y de apoyo a la seguridad de los centros educativos, forman parte del programa del PP en materia de seguridad ciudadana.
Una de las medidas que más ha destacado Rajoy ha sido el aumento de la presencia policial en las calles para atajar el problema de la criminalidad. El líder de los 'populares' ha anunciado que de ganar las elecciones el próximo 9M se elaborarán dispositivos de seguridad, barrio a barrio, con especial incidencia en las zonas más conflictivas.
Asimismo, propone agravar las sanciones recogidas en el Código Penal para los delitos en establecimientos públicos, a los que prestará especial atención con el incremento de la presencia policial. Un incremento que se dará también en el entorno de los colegios donde se reforzará la seguridad.
Las propuestas del PP en materia de seguridad ciudadana pasan, tal y como ha inisistido Rajoy, en "hacer de España un país más seguro". Para ello, los 'populares' ven esencial fortalecer y modernizar el modelo policial español con la incorporación de 30.000 nuevos policías y guardias civiles o incrementar las retribuciones de estos.
Otro de los puntos clave en su programa electoral es la violencia de género. Sobre esta delicada cuestión el PP propone una Ley de Enjuiciamiento Criminal por la que se incremente el número de policías dedicados exclusivamente a la violencia de género, así como el consumo de alcohol y drogas dejarán de ser atenuantes.

ABUSAN DE DOS COMPAÑERAS EN UN COLEGIO DE CÁDIZ

Dos menores abusan de dos compañeras

de colegio en Cádiz
08.02.08 -
EP CÁDIZ
Agentes de la Guardia Civil identificaron a dos menores como presuntos autores de un delito de agresión sexual, realizado entre los cambios de clases y en los recreos, contra compañeras del Instituto de Enseñanza Secundaria Ciudad de Hércules en Chiclana de la Frontera (Cádiz), según confirmaron fuentes del Instituto Armado.

Los hechos fueron denunciados por dos alumnas del citado centro educativo, que se presentaron en el cuartel de la Guardia Civil para presentar dos denuncias por un supuesto delito de agresión sexual con tocamientos bajo fuerzas y amenazas.

Según adelantó ayer el periódico Diario de Cádiz, tras varios días de investigación, los agentes de la Oficina de Atención al Menor detuvieron el pasado martes a los dos menores denunciados.

Posteriormente, los dos menores imputados prestaron declaración, quedando bajo la custodia de sus padres y puestos a disposición de la Fiscalía de Menores, que será quien lleve a cabo las diligencias correspondientes al caso.

INSEGURIDAD CIUDADANA

INSEGURIDAD CIUDADANA
"Dale más fuerte que todavía no llora"
El alcalde de Tavernes de la Valldigna descarta una acción xenófoba y lo lleva a la Fiscalía
07.02.08 - 17:32 -
REDACCIÓN TAVERNES
Dos chicas menores de edad se han visto envueltas en un incidente sobre el que planea la sombra de un posible caso de acoso escolar. Una joven de unos trece años propinó una bofetada a otra de similar edad a la salida de un colegio de Tavernes de la Valldigna. La chica cometió la agresión ante el jolgorio y las voces de ánimo de unos veinte compañeros.Los hechos no sólo fueron grabados la semana pasada a través del teléfono móvil de algunos de ellos sino que también se han estado difundiendo estos últimos días a modo de SMS.La discusión comenzó a gestarse después de que finalizaran las clases. Un grupo de alumnos se dirigió a una escuela cercana y una vez allí rodearon a la víctima para que esta no tuviera salida. Ante las constantes instigaciones de los compañeros, una de las menores abofeteó a otra chica sin que esta pudiera oponer resistencia.La triste situación, paradójicamente, divirtió al grupo de amigos, que a gritos pedía más golpes, según apuntaron algunos testigos. Algunas de las frases fueron "dale más fuerte que todavía no está llorando" o una que simulaba un reloj esperando el golpe, "tic tac, tic tac, le da". Afortunadamente las cosas no fueron a más y la disputa acabó en ese momento.Si alarmante es la bofetada, más aún lo fue el corrillo que se organizó y que animó a que se produjeran los hechos sin que, al parecer, nadie hiciera nada por evitarlo, destacaron las mismas fuentes.El vídeo ha pasado de móvil a móvil entre los adolescentes de la localidad, lo cual demuestra el problema que conllevan los celulares cuando no se hace un uso razonable de los mismos.El origen de la agresión está en unas pintadas insultantes contra la joven agredida. La víctima es inmigrante, pero según ha podido constatar LAS PROVINCIAS, en ningún caso el ataque conlleva tintes xenófobos.El alcalde de Tavernes de la Valldigna, Manolo Vidal, destacó ayer la inminente y rápida reacción del Ayuntamiento de la localidad, la comunidad educativa y los padres implicados. "Todos han hecho piña para solventar esta situación y evitar que incidentes como este se repitan", aseguró.El Ayuntamiento ha puesto en conocimiento de la Fiscalía los hechos y se ha reunido un Consejo Escolar para tratar de abordar el tema y encontrar una solución para que esta situación no se dé más.Como medida urgente de prevención se va a exigir, tanto a la agresora como a aquellos alumnos que reclamaban que hubieran más golpes, que pidan disculpas a la escolar agredida.Pese a que los hechos sucedieron fuera de las aulas y del horario lectivo, toda la comunidad educativa de Tavernes de la Valldigna se ha implicado para que no se repitan este tipo de agresiones en una población que siempre ha destacado por la tranquilidad que se vive en las aulas.Castigos para los responsables Desde los centros se tomarán medidas para castigar a los responsables de este tipo de acciones y concienciar a los chavales de los daños físicos y psíquicos que provocan estas situaciones.El acoso escolar es un problema que se está sufriendo en muchas aulas del país. En la localidad ha surgido un primer brote, centrado en una bofetada, pero ni el Ayuntamiento, ni los centros educativos ni los padres, han querido pasar los hechos por alto.Todos desean que este incidente sirva a los menores para que tomen conciencia de que deben de mostrarse en todo momento respetuosos con sus compañeros.

ABC.es: nacional - politica - Treinta y tres euros al mes

Treinta y tres euros al mes

Los fiscales denuncian el hacinamiento y la falta de funcionarios en las instalaciones de Alicante. Las Provincias

Los fiscales denuncian el hacinamiento y la falta de funcionarios en las instalaciones de Alicante. Las Provincias

Los menores juzgados tardan hasta seis meses en cumplir su condena por la falta de centros

Alicante
Los menores juzgados tardan hasta seis meses en cumplir su condena por la falta de centros
La escasez de técnicos impide elaborar el 70% de los informes solicitados por los fiscales

P. HUGUET VALENCIA

El internamiento de menores en centros de reeducación se retrasa al menos entre tres y seis meses desde que el juez dicta sentencia. Esta "lista de espera" se debe a la falta de plazas o de nuevas instalaciones.

Los retrasos para el cumplimiento de las condenas también se reproducen en los casos en que los menores no deben ser internados. También faltan educadores, trabajadores sociales y otros técnicos para que se ejecuten las llamadas "medidas judiciales en medio abierto" como pueden ser la libertad vigilada o la obligación de acudir a un Centro de Día o a una unidad de desintoxicación.

Así lo expuso ayer la fiscal de Menores de Valencia Gema García, durante su intervención en las jornadas Ley y Menores organizadas por la fundación Arzobispo Miguel Roca Proyecto Hombre-Valencia.

La fiscal matizó, no obstante, que la escasez de plazas sólo afecta a las sentencias sin que anteriormente se hubiera producido internamiento cautelar. Es decir, en los casos urgentes (por determinados delitos más graves, por reincidencia o por riesgo de fuga) siempre se interna al adolescente que ha delinquido.

La versión de la Conselleria de Justicia es radicalmente opuesta. "Actualmente no existe ningún problema de plazas y no hay pendiente ninguna sentencia para el internamiento de un menor en ninguna de las tres provincias", aseguraron fuentes de este departamento.

Desde la Generalitat, sin embargo, sí admitieron que existen 40 menores en Valencia y 60 en Alicante que tienen pendiente cumplir una condena, pero en medio abierto: es decir, sin que se ordenara ningún tipo de internamiento.

Fuentes de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas reiteraron que en los últimos meses no se les ha notificado ninguna incidencia por la falta de plazas en centros de acogida.

En cualquier caso, el conseller Fernando de Rosa tiene previsto reunirse próximamente con jueces y fiscales de menores para analizar los problemas que puedan existir y buscar soluciones.

A las jornadas de ayer asistieron decenas de técnicos y profesionales del sector de la drogadicción y de la reforma de menores. "Faltan centros", confirmaban los asistentes.

Nuevo centro en 2008

De hecho, la Generalitat tiene previsto que a finales de este año ya esté en funcionamiento un nuevo centro de reeducación, el Rei Jaume I, que se ubicará junto a la cárcel de Picassent.

La construcción de estas instalaciones estaba pendiente desde hace siete años, desde la entrada en vigor de la Ley del Menor en el año 2001.La Comunitat Valenciana cuenta con 329 plazas de reeducación de menores repartidas en los centros de Burjassot-Godella (Colonia San Vicente, Mariano Ribera y Pi i Margall), de Alicante (Els Reiets y la Vila) y Castellón (Pi Gros).

HABILITACIONES

ANEXO II

LEYES DE COLEGIOS PROFESONALES DE EDUCADORES SOCIALES

En la actualidad existen en el Estado 10 Colegios Profesionales

Cataluña,
Galicia,
Baleares,
Castilla y León,
Valencia,
Andalucía,
Murcia,
Castilla la Mancha,
Euskadi
Aragón

En preparación:
Extremadura, Madrid y Navarra

FORMACIÓN

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Comunidad Valenciana: COEESCV
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Editado por EDUSO

LUCES Y SOMBRAS DEL I CONVENIO COLECTIVO ESTATAL DE INTERVENCIÓN SOCIAL

Entrevista en el portal SolucionesONG con Raquel Vázquez, directora de Recursos Humanos de Red Araña, sobre este polémico convenio, suscrito por sindicatos e impugnado por varias patronales del sector.
Gema Jiménez / SolucionesONG.org
Debido al gran número de consultas que diferentes ONG nos han hecho llegar sobre el I Convenio Colectivo de Acción e Intervención Social Estatal, hemos hablado con Raquel Vázquez, directora de RRHH de Red Araña, entidad que forma parte de una de las patronales que ha impugnado el convenio, para que nos cuente cuál es la situación actual del mismo y las razones de dicha impugnación.
El 19 de junio de 2007, se publicó en el Boletín Oficial del Estado el I Convenio Colectivo Marco Estatal de Acción e Intervención Social, suscrito por los sindicatos FSP-UGT y FSAP-CC.OO en representación de los trabajadores y la Asociación de empresas de Servicios de Atención a la Persona (AESAP) en representación de las entidades del sector.
¿Por qué se ha impugnado el convenio?
Todos y todas sabemos lo heterogéneo que es nuestro sector, y por tanto hay diversidad de opiniones y reacciones, unas a favor de su aplicación y otras en contra, y por supuesto con distintas razones de por qué se está a favor y de por qué se esta en contra.
Red Araña forma parte de la patronal (Patronal es el nombre genérico que se da al empleador individual o a las asociaciones de empleadores – Fuente: Wikipedia) denominada ‘Asociación Estatal de Organizaciones de Acción e Intervención Social’, de la que también forman parte Cruz Roja, Cáritas, Aldeas Infantiles, Asociación Española contra el Cáncer, etc. Nos explican que el argumento principal por el que han impugnado el convenio es que no se sienten representadas por la patronal que ha negociado el convenio (AESAP), con la que han intentado hablar en diversas ocasiones sin haberlo conseguido aún.
El 11 de diciembre iba a tener lugar en la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, la vista donde se iba a resolver ésta y otras impugnaciones de otras patronales, pero se ha prorrogado sin fecha concreta de resolución. Ese mismo día, la Plataforma ECO (plataforma de trabajadores y trabajadoras del sector de la Intervención Social de la Comunidad de Madrid) convocó una huelga en el sector para defender el convenio.
¿Es obligatorio acogerse al Convenio?
Tanto Raquel Vázquez como en la web de la plataforma ECO, indican que sí es obligatorio acogerse al convenio, al margen de que esté en el juzgado. Hasta que no salga una resolución que indique lo contrario, hay que aplicarlo. No obstante, cada entidad puede negociar con sus empleados la forma de llevarlo a cabo, para que sea favorable para ambas partes.
El convenio tiene vigencia desde el 1 de enero del 2007 hasta el 31 de diciembre de 2008, lo que quiere decir que a pesar de que se haya publicado en junio, se debe ajustar todo lo hecho desde el 1 de enero de 2007.
¿Qué entidades tienen que acogerse al Convenio?
Según se indica en la Resolución publicada en el B.O.E; “el presente convenio será de aplicación a todas las entidades y empresas que, independientemente de su personalidad jurídica, desarrollen programas y acciones de Acción e intervención Social en España, realizando y/o gestionando profesionalmente Centros, Recursos, y Servicios de atención a personas, grupos y comunidades, con el objeto, por un lado, de detectar, prevenir, paliar o corregir situaciones de riesgo social y/o procesos de exclusión social, y por otro, de promover procesos de inclusión, reinserción, dinamización y participación social”.
“Se verán afectados por este convenio los ámbitos de la acción social, así como el socio-laboral o el socio-sanitario, pasando por lo socio-cultural y lo socio-educativo, psicosocial, asistencial, intervención socio-comunitaria y sociocultural y las áreas de diseño y evaluación de programas sociales, tal como se definen en el presente artículo.
“Cada entidad debe identificar entre las actividades que se reflejan en la Resolución si está incluida o no. No obstante, también se indica en el mismo que el convenio “compensa y absorbe cualesquiera mejoras que vinieran disfrutando los trabajadores bien a través de otros Convenios o normas de obligado cumplimiento, bien por decisiones unilaterales de las empresas. Si las condiciones económicas o, de cualquiera otra índole, que se vinieran disfrutando por los trabajadores en el momento de la entrada en vigor del presente Convenio Colectivo fueran superiores, en cómputo anual a las establecidas en el mismo, se continuarán aplicando y respetando las citadas condiciones más favorables en lo que exceda a las convencionales”.
También hay que tener en cuenta que hay provincias y regiones que tienen su propio convenio colectivo de intervención social, como Bizkaia, la Comunidad de Madrid (también está impugnado) y la Comunidad Valenciana, etc. y en otras provincias también se está negociando, según nos cuenta Raquel. No obstante, el convenio estatal marca los mínimos que los demás convenios, e incluso los convenios propios, solo pueden mejorar dichas condiciones.
¿Por qué hay descontento con el convenio?
Raquel Vázquez indica que no están descontentos con el texto del convenio en general, sino que lo que les ha molestado es que se haya negociado “a espaldas” de las ONG que conforman el tejido social español. Considera positivo que haya una normativa que regule el trabajo de las entidades, y cree que aunque al final no se aprueben las impugnaciones del convenio, el fin último es conseguir que se les tengan en cuenta para la revisión del convenio para el 2009.
Vázquez también alude que a pesar de que en el convenio tenga muchos puntos positivos, también tiene aspectos negativos que perjudican seriamente la continuidad de muchas ONG, como es el que se deba aplicar con carácter retroactivo, es decir desde el 1 de enero de 2007, ya que muchas entidades no están preparadas económicamente para hacer frente a estos ajustes salariales.
La patronal de la que forma parte Red Araña también ha intentado hablar con la Administración Pública, con la intención de solicitar por su parte una adaptación de las subvenciones concedidas y un aumento de presupuestos para que las ONG puedan hacer frente a estos pagos, pero aún no han obtenido una respuesta.
No obstante, según se indica en la Resolución, las entidades que hayan tenido pérdidas en dos últimos años contables podrán acogerse a la cláusula de descuelgue si se comunica a la Comisión Paritaria, de la misma forma que algunas entidades tienen la opción de acogerse a una “equiparación salarial gradual” según se indica en la Disposición transitoria I, si cumplen con una serie de requisitos y siempre que se comunique a la Comisión Paritaria.
Reflexión
Antes de finalizar este artículo, nos gustaría destacar desde SolucionesONG.org que a pesar de toda la incertidumbre que existe en torno al convenio, muchas entidades están agrupándose y buscando puntos comunes en una línea o en otra, algo muy positivo. También queremos destacar que es positiva la reflexión sobre la necesidad de tener una normativa que regule a numerosas entidades sociales y la aplicación de unas políticas comunes de gestión del personal laboral. Es una señal de la “mayoría de edad” del tercer sector.

Alternativas para salir de las calles · ELPAÍS.com

Alternativas para salir de las calles · ELPAÍS.com

El asesino de la catana queda en libertad. Las Provincias

El asesino de la catana queda en libertad. Las Provincias

PRIMERAS CONDUCTAS DELICTIVAS A PARTIR DE LOS 13 AÑOS

Los adolescentes presentan las primeras conductas delictivas a partir de los 13 años

La edad de 13 años es la etapa la que los adolescentes se inician en conductas delictivas o problemáticas sin que los padres tengan conocimiento, según el estudio Conductas antisociales y delictivas de los jóvenes en España, elaborado por el Centro de Investigación en Criminología de la Universidad de Castilla-La Mancha para el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Los actos antisociales y delictivos más frecuentes que realizan a esa temprana edad son: dañar algo aposta, participar en una pelea, pegar un tirón a alguien para quitarle algo, robar en una tienda, consumir cerveza, vino y calimocho.

El estudio, dirigido por la profesora Cristina Rechea Alberola, se enmarca dentro del estudio que está realizando el CGPJ sobre la jurisdicción de menores y responde a una metodología criminológica, que permite conocer de forma aproximada los delitos cometidos y que nunca han sido denunciados.

Según le informe, las conductas antisociales y delictivas más comunes entre los 12 y 17 años son: bajar música por Internet (66%), consumir cerveza y vino (63%), emborracharse (41%), consumo de porros (28%) y participar en peleas (22%). Las conclusiones del estudio destacan que las conductas antisociales y delictivas aumentan con la edad y alcanzan su nivel máximo a los 17 años y las chicas tienen un patrón de conducta similar al de los chicos. Otro factor que incrementa el riesgo es vivir en un medio urbano. Por último, se destaca que ser emigrante o hijo de emigrante no incrementa el riesgo de adoptar conductas antisociales o delictivas

DELINCUENCIA JUVENIL
La Justicia condena cada día a 8 menores
Los juzgados de la Comunitat detectan que gran parte de los detenidos tiene menos de 14 años

La Comunitat es la segunda región de España con mayor número de menores condenados durante el año pasado. Cada día de 2006, los juzgados valencianos condenaron a ocho personas que aún no habían cumplido los 18 años, un menor cada tres horas. Sólo Andalucía, con más de 5.000, supera la cantidad de condenas a menores en la Comunitat.En todo el país, durante el 2006, se condenaron a 22.353 menores, de los cuales 2.904, el 13%, fueron sentenciados en juzgados valencianos, una cifra sorprendentemente superior a la que se alcanzó en Cataluña (2.864) y Madrid (2.504). El robo fue la causa más común de las infracciones cometidas, ya que el 43% de los casos sentenciados corresponden a robos, según las estadísticas judiciales de 2006 publicadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Los menores de la Comunitat, en lo que se refiere a robo y hurto de uso de vehículos, casi lideran la tabla de toda España. En Andalucía se condenaron por este motivo a 314 chavales mientras que en los juzgados valencianos se logró una sentencia acusatoria para 259 menores, el 16% del total del país (1.552).De los menores condenados por los juzgados valencianos, una abrumadora mayoría (el 88%) son chicos y 167 de ellos sólo tenían 14 años cuando cometieron el delito por el que fueron condenados en 2006. Las provincias de Valencia y Alicante son, respectivamente, la tercera y la quinta con más menores condenados en 2006.Este tipo de estadísticas elaboradas por el INE no tienen visos de mejorar en los próximos años. Al menos si se tiene en cuenta el gran número de detenciones practicadas en la Comunitat y del intensivo trabajo que se acomete en los centros de reeducación de menores.520 jóvenes en 2007 Durante la primera mitad de 2007, un total de 520 jóvenes han pasado por las instalaciones de la media docena de centros de reeducación de menores de la Comunitat. Cada día, entre enero y junio de 2007, se han internado a tres chavales entre los 14 y 17 años. "Que se tomen medidas judiciales contra menores no tiene, necesariamente, que asociarse con algo negativo", explica Julián Salazar, secretario del Colegio Oficial de Educadoras y Educadores Sociales de la Comunitat Valenciana (COEESCV).

"A priori, las medidas judiciales se toman para evitar nuevos delitos y para trabajar con jóvenes que pueden, porque aún son personas en formación, reinsertarse socialmente", indica Salazar. "En los centros de educación se actúa con una clara vocación educativa y formativa, y aunque existe la reincidencia, también existe la reinserción, por lo que merece la pena el internamiento", señala el portavoz del Coeescv.En combinación con la educación social, en la Comunitat continúa la actividad policial, y en este último apartado, las detenciones, lejos de disminuir continúan practicándose intensamente. Los agentes de la Policía Nacional realizaron en octubre y noviembre 200 actuaciones contra un grupo de menores que protagonizaron hurtos y robos con violencia o intimidación en cajeros automáticos de Valencia. En este tipo de sucesos, la inducción de los adultos es fundamental. Gran parte de los menores detenidos tenían menos de 14 años, de modo que no pueden ser acusados de ningún delito al no haber cumplido la edad penal. Se dio el caso de que el mismo día, se detuviese hasta tres veces al mismo menor.

La fiscal coordinadora de menores, Teresa Gisbert, presentó a finales de septiembre un protocolo especial para actuar en situaciones en las que se aseguraba que se iba a investigar si estos menores estaban siendo víctimas de una mafia o si eran sus propios padres los que le inducían a robar. Gisbert pidió, tras su visita a tres centros de reeducación de Valencia, más seguridad en los centros de protección "dependientes de Bienestar Social", adonde se lleva a estos menores de 14 años. Estas instalaciones funcionan en régimen abierto.